A más de una semana de haberse presentado el recurso de impugnación que busca declarar inelegibles al menos a 12 jueces electos en el Distrito Bravos por no cumplir con el promedio académico mínimo exigido, el Tribunal Estatal Electoral (TEE) aún no ha radicado el caso, lo que retrasa su resolución y genera incertidumbre sobre la legitimidad del proceso.
El impugnante, Víctor Iván López Rodríguez Trejo —candidato a juez penal en el mismo proceso electoral—, señaló que, aunque presentó la demanda el 23 de junio, el TEE no la ha admitido formalmente a trámite. «Ya van más de 320 juicios radicados por la autoridad, por lo que asumo que estamos en espera de turno», explicó.
El recurso argumenta que los jueces en cuestión no cumplen con los requisitos académicos establecidos en la convocatoria publicada el 10 de enero en el Periódico Oficial del Estado, la cual exige un promedio mínimo de 8.0 en la licenciatura y 9.0 en materias afines al cargo. De comprobarse, esto podría llevar a la anulación de sus constancias de mayoría y a la asignación de los cargos a otros candidatos conforme al orden de prelación legal.
«Mi objetivo no es caprichoso, sino garantizar el cumplimiento de la Constitución y los requisitos de idoneidad para un puesto tan relevante como el judicial», afirmó López Rodríguez Trejo. Agregó que, de ser necesario, evaluaría llevar el caso a instancias superiores si el TEE rechaza la impugnación sin fundamentos sólidos.
Este caso refleja un precedente relevante, similar a lo ocurrido a nivel federal, donde el INE declaró inelegibles a 46 funcionarios electos por no acreditar los promedios académicos exigidos. La demora en la radicación del recurso, sin embargo, plantea dudas sobre la eficiencia del sistema electoral local y su compromiso con la transparencia.
Mientras el TEE no actúe, la validez de los nombramientos judiciales en el Distrito Bravos —incluyendo los de Ciudad Juárez— permanece bajo cuestionamiento. De resolverse a favor de la impugnación, se sentaría un precedente clave para futuros procesos, reforzando la exigencia de méritos académicos en el Poder Judicial.
