La propuesta contempla penas de hasta un año de prisión y multas económicas
Diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado analizan una iniciativa para sancionar penalmente a quienes realicen llamadas falsas al número de emergencias 9-1-1.
La propuesta, impulsada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), plantea reformar el Código Penal del Estado de Chihuahua mediante la adición del artículo 307 Bis, con el fin de imponer penas de seis a 12 meses de prisión, además de multas que van de 100 a 400 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), a quien reporte de manera consciente una emergencia inexistente.
El planteamiento establece que, si una llamada falsa provoca la movilización de corporaciones de seguridad, servicios médicos, Protección Civil o cuerpos de rescate, las sanciones podrían incrementarse hasta en un 50 por ciento en el caso de la prisión y hasta en una tercera parte en el monto de la multa.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y septiembre del año pasado las llamadas improcedentes al 9-1-1 en Chihuahua aumentaron 21.7 por ciento. Durante 2025, la entidad se colocó como el noveno estado con mayor tasa de llamadas falsas, con alrededor de 30 mil reportes improcedentes, equivalentes a 690 por cada 100 mil habitantes.
En total, el estado registró cerca de un millón 900 mil llamadas al sistema de emergencias, de las cuales más de un millón 200 mil fueron improcedentes, incluyendo llamadas mudas, de broma, incompletas o sin carácter de emergencia, una cifra superior al promedio nacional.
Las autoridades señalaron que este tipo de reportes generan un alto impacto económico y operativo, ya que el costo promedio de una llamada improcedente es de 31 pesos, mientras que la movilización de una unidad por una falsa emergencia puede superar los 5 mil pesos, considerando combustible y gastos operativos.
La iniciativa continuará su análisis en comisiones antes de ser sometida a votación en el pleno del Congreso del Estado.
