La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó sobre el rescate y aseguramiento de diversos ejemplares de fauna silvestre que eran mantenidos de manera irregular en un inmueble ubicado en la delegación Santa Rosa Jáuregui, en el estado de Querétaro.
Durante un cateo realizado el pasado 11 de enero, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, las autoridades localizaron dos guacamayas verdes, tres pericos, un jaguar negro, un jaguar amarillo y un mapache, los cuales fueron rescatados y trasladados a sitios especializados para su resguardo y atención.
Como primera acción, las aves aseguradas fueron canalizadas a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS), donde reciben atención médico-veterinaria especializada y permanecen bajo resguardo en instalaciones adecuadas. Previo a su traslado, personal de Profepa realizó la verificación de sistemas de marcaje, sin detectar dispositivos visibles en la mayoría de los ejemplares.
Posteriormente, se efectuaron las maniobras necesarias para la reubicación de los dos jaguares, que incluyeron contención química conforme a protocolos veterinarios, toma de muestras biológicas y revisión de sistemas de identificación. La autoridad ambiental detalló que uno de los felinos cuenta con microchip, mientras que el otro no presenta ningún sistema de marcaje visible.
El mapache también fue canalizado para su manejo y resguardo conforme a la normatividad ambiental vigente, como parte de las acciones destinadas a garantizar su bienestar tras el aseguramiento.
En el lugar también fueron localizados dos cachorros de tigre de bengala, los cuales permanecen en el inmueble asegurado bajo custodia de la autoridad competente. Su traslado a un PIMVS con las condiciones adecuadas de espacio y manejo especializado está pendiente, en tanto se define su situación jurídica.
La Profepa informó que continuará colaborando con las autoridades ministeriales y presentará la denuncia correspondiente por la posesión ilícita de fauna silvestre, delito que puede ser sancionado con penas de uno a nueve años de prisión, además de multas económicas, conforme al artículo 420 del Código Penal Federal, cuando se trata de especies protegidas o reguladas por tratados internacionales.
