La Auditoría Superior de la Federación detectó operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos entre 2014 y 2026 y abrió una investigación que incluye a proveedores, funcionarios y organismos electorales.
Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio por presuntas irregularidades en contratos relacionados con el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), luego de identificar que dos grupos empresariales acumularon operaciones por casi 9 mil millones de pesos con distintas entidades públicas.
El titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que ambos grupos registraron operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos entre 2014 y 2026. De esa cantidad, 3 mil 790.3 millones correspondieron a organismos electorales estatales.
El funcionario dio a conocer los avances durante su visita a la Cámara de Diputados, donde presentó la segunda entrega de los informes individuales de la Cuenta Pública 2025 ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Explicó que la indagatoria abarca al INE, los OPLE, empresas proveedoras y servidores públicos que pudieran tener relación con los hechos.
Para esclarecer el origen de las posibles anomalías, la institución realiza requerimientos de información y un análisis detallado de las operaciones desde los primeros años en que los grupos empresariales comenzaron a contratar con organismos electorales.
Detectan posibles irregularidades entre proveedores
Entre los hallazgos preliminares, Hernández Palacios mencionó que proveedores de una de las compañías analizadas realizaron operaciones con empresas dedicadas al timbrado de facturas, cuyas certificaciones fueron revocadas por presuntos vínculos con factureras. Los movimientos identificados en este rubro ascienden a 21.3 millones de pesos.
También señaló que otra de las empresas involucradas se encuentra suspendida del padrón de importadores.
La revisión permitió observar operaciones entre compañías pertenecientes a los mismos grupos, así como esquemas en los que una empresa obtiene un contrato y posteriormente subcontrata a otra que también participa en los procesos de licitación.
Otro de los aspectos detectados fue la existencia de empresas con una plantilla laboral mínima o incluso sin trabajadores registrados, pese a reportar facturaciones de cientos de millones de pesos.
Indagan posibles acuerdos para obtener contratos
El auditor también indicó que una de las líneas de investigación se concentra en posibles prácticas que habrían limitado la competencia entre proveedores, mediante condiciones que favorecerían la asignación de contratos e influirían en los precios, con posibles afectaciones a los recursos públicos.
Asimismo, dijo que los análisis de inteligencia identificaron vínculos entre los dos grupos empresariales y funcionarios, además de conexiones entre servidores públicos y distintas compañías.
Hernández Palacios aseguró que las investigaciones se realizarán con independencia, objetividad y rigor técnico, respetando el debido proceso. Añadió que la prioridad será esclarecer los hechos, resguardar las pruebas y, en caso de encontrar elementos suficientes, promover las acciones legales correspondientes.
Al presentar los resultados de la segunda entrega de la Cuenta Pública 2025, sostuvo que la fiscalización se llevará a cabo sin distinciones ni privilegios, y afirmó que la ASF actuará conforme a la ley cuando existan elementos que justifiquen investigar posibles irregularidades, sin importar el cargo o la institución involucrada.
