Una auditoría forense identificó que Comercializadora JVLY recibió 63.2 millones de pesos en 2024 y transfirió el dinero a nueve empresas y una persona física sin que se acreditara su relación con el servicio contratado. Nueve acciones derivadas de la revisión continúan pendientes.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) había documentado posibles irregularidades en el manejo de recursos del Instituto Nacional Electoral (INE) varios meses antes de anunciar una investigación de oficio por presuntos conflictos de interés y triangulación de dinero dentro del organismo.
Una auditoría forense correspondiente a la Cuenta Pública 2024, dictaminada en enero de 2026, detectó que Comercializadora JVLY, proveedora de material electoral, recibió 63.2 millones de pesos del Instituto y, en menos de tres semanas, transfirió la totalidad a nueve empresas y una persona física. Los auditores no lograron establecer que los destinatarios estuvieran relacionados con el servicio por el que se realizó el pago.
Los resultados de la revisión todavía se encuentran en proceso de solventación. De las 19 acciones determinadas por la ASF, nueve permanecían abiertas: tres pliegos de observaciones por un total de 66.6 millones de pesos —incluido el caso de JVLY— y seis recomendaciones.
Las otras diez acciones ya habían sido turnadas a distintas instancias. Dos fueron enviadas al área de investigación de la propia ASF por pagos de 793.9 millones de pesos relacionados con boletas y materiales para la elección judicial; seis, al Órgano Interno de Control del INE, y dos más, al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para revisar a la empresa involucrada.
Empresas receptoras bajo revisión
Al rastrear los recursos transferidos por JVLY, la ASF encontró operaciones cuya justificación no pudo corroborar plenamente. Una de las compañías receptoras señaló que había recibido el dinero en calidad de préstamos y posteriormente transfirió seis millones de pesos a una persona física.
Otra empresa afirmó que los recursos correspondían a la compra de un seccionador eléctrico. Además, negó haber prestado servicios a instituciones electorales y transfirió 12.3 millones de pesos a una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), cantidad superior a los 10 millones que había recibido de fondos provenientes del INE.
Los auditores tampoco consiguieron localizar a otras tres empresas relacionadas con las operaciones revisadas.
La auditoría también detectó que JVLY fue contratada mediante adjudicación directa en marzo de 2024 para suministrar materiales destinados a simulacros electorales, aunque el pago se realizó hasta el último día de ese año.
Entre la documentación presentada por la compañía figuraba una opinión del Seguro Social que reportaba 76 trabajadores. Sin embargo, la empresa no tenía empleados registrados ante el IMSS y tampoco presentó su declaración anual correspondiente a 2024.
Otro de los hallazgos involucró a Plásticos y Metales MYC, una de las empresas que recibió recursos transferidos por JVLY. De acuerdo con la revisión, esta compañía entregó dos millones de pesos a Grumeec, firma que había participado como supuesta competidora en el sondeo de mercado utilizado para adjudicar el contrato a JVLY.
Asimismo, la ASF señaló que las visitas de supervisión del INE a JVLY se realizaron en el domicilio de otro proveedor, Formas Finas y Materiales, y no en la dirección correspondiente al contrato.
Cuestionamientos por pagos de materiales electorales
La revisión también examinó pagos por 793.9 millones de pesos realizados a Talleres Gráficos de México el 31 de diciembre de 2024. De ese monto, 754.9 millones correspondieron a boletas electorales y 39 millones a materiales didácticos para la elección judicial.
Según el informe, funcionarios del INE reportaron que los productos habían sido recibidos a entera satisfacción, pese a que su entrega ocurrió en 2025. Un director del área reconoció ante los auditores que, al momento del pago, todavía no se había devengado el servicio.
En paralelo a esta auditoría forense, la ASF lleva a cabo una revisión integral del gasto del INE correspondiente a 2025, distinta de la investigación de oficio anunciada recientemente.
El auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, tiene previsto presentar el 30 de octubre ante la Cámara de Diputados la segunda entrega de los informes de la Cuenta Pública 2025.
Los hallazgos descritos corresponden a observaciones de auditoría que siguen procesos de aclaración o investigación; por sí solos, no constituyen una determinación definitiva de responsabilidad.
