Las protestas se extendieron a distintos estados del país, donde empleados bloquearon vialidades y accesos a instalaciones. El Órgano de Administración Judicial sostiene que el primer examen será diagnóstico y no pondrá en riesgo las plazas.
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron un paro de labores en varias entidades del país para manifestarse contra las evaluaciones de desempeño previstas para diciembre de 2026, al considerar que el nuevo mecanismo podría afectar su estabilidad laboral.
Las movilizaciones se registraron en ciudades como Monterrey, Cancún y la Ciudad de México. En la capital de Nuevo León, los empleados bloquearon de manera intermitente todos los carriles de la avenida Constitución, a la altura de Cuauhtémoc, mientras exigían respeto a sus derechos laborales con consignas como: “Los derechos laborales no son negociables”.
En Cancún, los inconformes colocaron candados en los accesos a las instalaciones judiciales. Por su parte, en la Ciudad de México bloquearon ambos sentidos de avenida Insurgentes, frente a oficinas del Poder Judicial de la Federación, en la zona de La Bombilla. Únicamente permitieron el paso de unidades de la Línea 1 del Metrobús.
Los manifestantes colocaron lonas en las que expresaron su rechazo a las evaluaciones, al señalar que podrían comprometer la permanencia del personal. También se reportó otra protesta en oficinas judiciales ubicadas sobre Periférico, a la altura de Las Flores.
Ante las inconformidades, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) rechazó que los exámenes representen una amenaza para los puestos de trabajo y aseguró que la primera evaluación tendrá únicamente fines diagnósticos.
El organismo explicó que el proceso está dirigido a cerca de 32 mil secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales que laboran en más de 900 tribunales y juzgados federales.
De acuerdo con el OAJ, la primera etapa se llevará a cabo del 4 al 15 de diciembre y no contemplará calificaciones de aprobado o reprobado. Además, sus resultados no tendrán efectos individuales sobre la permanencia del personal.
El órgano señaló que los artículos transitorios Cuarto y Quinto del acuerdo correspondiente establecen expresamente ese carácter diagnóstico. Añadió que el objetivo es detectar necesidades de capacitación, reforzar los conocimientos profesionales y contribuir a mejorar el servicio de impartición de justicia.
La primera evaluación ordinaria, que sí tendrá los efectos establecidos en la legislación, se realizará después de que concluyan las acciones de capacitación.
El OAJ defendió que cuenta con facultades constitucionales y legales para aplicar estos procedimientos, con fundamento en el artículo 100 de la Constitución y en los artículos 32 y 36 de la Ley de Carrera Judicial.
Aunque reconoció el derecho de los trabajadores a expresar sus inconformidades y ejercer su libertad sindical, sostuvo que evaluar el desempeño constituye una obligación legal y no una herramienta para justificar despidos.
A través de chats grupales, empleados judiciales también difundieron convocatorias para suspender actividades en distintas sedes, entre ellas el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro y el Edificio Prisma, en la Ciudad de México, así como instalaciones de Nuevo León, Veracruz, Morelos, Chiapas, Guanajuato y Michoacán.
Frente a los llamados al paro, el organismo manifestó su disposición a dialogar con el personal y facilitar las herramientas de capacitación necesarias para desarrollar el proceso.
JUFED advierte posibles riesgos para la carrera judicial
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) también cuestionó el nuevo esquema de evaluación. La organización consideró que el mecanismo podría debilitar la carrera judicial y generar incertidumbre sobre la estabilidad laboral de quienes desempeñan funciones jurisdiccionales.
En un posicionamiento, criticó el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, aprobado por el Pleno del OAJ, al señalar que contempla criterios discrecionales para evaluar a secretarios, actuarios y oficiales judiciales.
La asociación sostuvo que, aunque la primera aplicación se presenta como un ejercicio diagnóstico, podría sentar las bases para establecer posteriormente un sistema utilizado para justificar la separación de trabajadores.
También cuestionó la distribución de los criterios de evaluación. Según la JUFED, el 30 por ciento de la calificación dependerá de cuestionarios de percepción aplicados por superiores y compañeros, mientras que otro 60 por ciento quedará bajo el control de la Escuela Judicial.
A juicio de la organización, ese esquema reduce el peso de la experiencia profesional y de los conocimientos técnicos y jurídicos del personal, al dar mayor relevancia a criterios que considera susceptibles de apreciaciones subjetivas.
