La disposición de la SEP contempla restricciones para estudiantes de distintos niveles educativos; los dispositivos podrán utilizarse con fines pedagógicos y bajo determinadas excepciones.
A partir de este martes 3 de noviembre entrarán en vigor las medidas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos personales dentro de los planteles educativos, desde educación básica hasta nivel superior.
La disposición, cuyos lineamientos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en septiembre, establece que los equipos deberán utilizarse únicamente con fines educativos, además de contemplar situaciones excepcionales.
En el caso de educación básica, se contempla que los estudiantes mantengan sus teléfonos guardados durante la jornada escolar o, de preferencia, los dejen en casa. La restricción también comprende los periodos de recreo.
No obstante, se establecen excepciones para situaciones de emergencia, necesidades relacionadas con la salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión, así como otras circunstancias particulares que justifiquen su utilización.
El acuerdo también contempla que el personal docente promueva con su ejemplo el uso responsable y seguro de la tecnología.
Para las instituciones de educación media superior, cada plantel tendrá la facultad de establecer sus propios mecanismos de regulación, mediante acuerdos y consultas con estudiantes, padres de familia y la comunidad educativa.
Entre las alternativas se encuentran mantener los celulares resguardados, permitir su utilización únicamente en horarios y espacios determinados, restringirlos durante toda la jornada o establecer días específicos para actividades académicas con estos dispositivos.
En cuanto a la educación superior, la SEP plantea fomentar el uso seguro y responsable de los equipos, de acuerdo con las disposiciones de cada institución.
Como parte de la implementación, durante los últimos días se han realizado reuniones y asambleas con madres, padres de familia, tutores y representantes de las comunidades escolares para explicar las nuevas disposiciones y establecer acuerdos sobre su aplicación.
